Derio, un convento difícil de vender

Si arrinconamos la teología y reducimos el conflicto de las 'clarisas rebeldes' a una mera cuestión urbanística, nos queda una curiosa carambola de conventos. La comunidad de Belorado emprendió la compra de la casa de la orden en Orduña, donde se instalaron algunas de sus religiosas, pero para hacer frente a los pagos tenía que vender otro monasterio, el de Derio, y esa parte del proceso se empantanó. Ellas han acusado a la Iglesia (la oficial, la de Roma) de bloquear esa transacción que tanto les urge, mientras que el obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha atribuido el fracaso del negocio a las «serias limitaciones de funcionalidad» que presentan las instalaciones de Derio, ya que solo pueden utilizarse como equipamiento religioso o educativo y, por tanto, quedan fuera del mercado tradicional de este tipo de inmuebles, que suelen reciclarse como alojamientos.

El convento de Derio –situado en la zona de Artebakarra, en el barrio de San Isidro– es algo así como el vértice deshabitado de todo este lío, pero también constituye una clave esencial para desentrañar el embrollo. Antes de nada, habría que explicar por qué depende de la distante comunidad de Belorado, y eso lo han aclarado las propias monjas: en 2009, la orden animó a la comunidad del convento burgalés a visitar a las hermanas establecidas en Derio desde 1970. «Eran pocas y enfermas y nos exhortaron a ayudarlas», han resumido. En 2011, ese pequeño grupo que aguantaba en Derio pidió a sus compañeras que pasasen de ese régimen de visitas a afincarse allí de manera definitiva. «Vinimos un grupo de hermanas, para quedarnos de forma estable, el 9 de enero de 2012», han relatado las monjas. La comunidad de Belorado pasó así a desdoblarse entre dos sedes.

La propiedad de Derio consta, en realidad, de dos edificios bien diferenciados: una vivienda –el caserío Islabe, con una superficie construida de 250 metros cuadrados repartidos en dos plantas y una historia que se remonta al siglo XVII– y el propio monasterio. El caserío ha sido motivo de un largo conflicto con el Ayuntamiento de la localidad, ya que las monjas lo reformaron y lo convirtieron en una casa rural, cuando en realidad solo tenía uso permitido como vivienda unifamiliar y garaje complementario. Islabe se transformó en el alojamiento San Miguel de Txorierri, con seis dormitorios para los huéspedes y una sala multiusos que podía acoger a cuarenta personas. «Majestuosamente localizado en un altozano», se anunciaba como un «lugar ideal» para «encontrar paz interior».

Cuando el Ayuntamiento objetó que ese uso era incompatible con la normativa urbanística, las monjas acudieron a los tribunales e incluso argumentaron que el ingeniero técnico municipal que había firmado los informes no tenía competencia para ello, pero las sucesivas instancias de la Justicia dieron la razón al Consistorio. «Después me enviaron una carta de disculpa: paz y amor, decía», evoca con sorpresa el ingeniero técnico denunciado. El 26 de marzo de 2020, un decreto de Alcaldía ordenó al monasterio el cese definitivo de esa actividad. El caserío se puso a la venta, sin éxito, y en la actualidad está alquilado a unos particulares.

¿Y qué hay del propio monasterio? Allí empezó a funcionar de manera legal una hospedería: se trata de una actividad complementaria que la normativa permite a los conventos, por constituir parte tradicional de la vida monástica, pero está condicionada de manera indisociable a la actividad religiosa. Es decir: si cesa esta, se acabó el hospedaje, de manera que un hipotético comprador ya no podría mantener este tipo de negocio. La hospedería se llama San José de Artebakarra, tiene capacidad para catorce personas y apareció en todos los medios en diciembre de 2020, en pleno periodo pandémico, cuando se convirtió en improbable escenario de una salvaje 'rave' ilegal en la que participaron 67 jóvenes. Permanecieron allí toda la noche, con música de baile a todo volumen, mientras la Ertzaintza aguardaba fuera a que saliesen, y algunos vídeos del descontrolado fiestón se hicieron virales, como aquel en el que proponían a la Policía «hacer un trato y soltar un rehén».

En los días posteriores a aquel sonado escándalo de la 'rave de Derio', las monjas se desvincularon de lo ocurrido y explicaron a este periódico que ya no vivían allí y que el establecimiento lo estaba gestionando una «persona empleada». Ciertamente, era así y habían dado cuenta de la mudanza a través de un anuncio en su web: «Después de una larga deliberación y por motivos internos, la Comunidad de Hermanas Clarisas ha decidido trasladarse al Monasterio de Santa Clara de Orduña, cerquita de aquí», aclaraban en aquella nota. La fecha de su marcha fue el 27 de octubre de 2020. ¿Y no tendría que haber cerrado la hospedería en ese mismo momento, en cuanto el convento quedó vacío? Estrictamente sí, pero en el Ayuntamiento explican que algunas monjas siguen empadronadas allí.

Por lo tanto, la hospedería de San José de Artebakarra continúa en funcionamiento, al menos en teoría. Este viernes nadie respondía en el teléfono de contacto y los últimos comentarios de huéspedes son ya bastante antiguos y presentan un panorama desolador, más propio del arranque de una novela gótica que de una postal de vacaciones: «No había ningún empleado en el lugar para recibirnos, a pesar de habernos puesto de acuerdo en la hora de llegada. Después de esperar fuera durante una hora, mientras anochecía, nos llevaron a nuestra habitación, en el convento (...). No había llaves, la habitación era más que básica, nos sentimos extremadamente vulnerables (...). Tomamos la decisión de marcharnos y fue un alivio conseguir un taxi para ir a un hotel más 'normal'. Toda la experiencia fue una pesadilla», escribía la británica Jacqui en octubre de 2022. Otro usuario ha agradecido su «amabilidad» al trabajador que acudía a recibir a los visitantes, solos en la inmensidad conventual, y dejarles el desayuno.

«Han intentado vender el monasterio para viviendas, para hotel, para comercio, pero solo tiene uso religioso. La hospedería está vinculada a ese uso», insisten en el Ayuntamiento. Para pasar a una actividad lucrativa, habría que iniciar un procedimiento reglado que implicaría una cesión pública, es decir, compensar con terrenos y dinero a la localidad. «Pero ellas –puntualizan en Derio– en ningún momento se han interesado por una opción viable de cambio de usos».