El fiscal propone acabar con el anonimato en las redes sociales para luchar contra los delitos de odio

Acabar con el anonimato de quienes utilizan las redes sociales y vetar su uso a quienes ya hayan sido condenados por cometer algún delito a través de las mismas. Estas son las ideas principales que defiende el fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, quien ha alertado sobre el preocupante aumento de los discursos de odio y su impacto en la sociedad: «informaciones falsas que, en determinados casos buscan señalar, estigmatizar, a personas migrantes para despertar sentimiento de rechazo de la población hacia ellas».

La preocupación por la difusión de falsas noticias crece ante el bulo originado este pasado domingo de que el sospechoso de matar al niño Mateo en Mocejón era una persona de origen magrebí. Ante su rápida propagación por redes sociales, ayudada por perfiles que habitualmente comparten contenidos xenófobos, la Fiscalía anuncia que analizará estos mensajes para determinar si se han cometido delitos de odio y propone una reforma legal.

Al fiscal le avala la experiencia de lo complicado que es para autoridades y jueces dar con quienes se escudan en el anonimato digital para cometer cualquier delito. Con los datos en manos de grandes multinacionales con sedes en países extranjeros, las dificultades son máximas y la lentitud para acceder a los datos, preocupante.

La investigación sobre el caso de Mocejón está en fase «muy inicial» pero cuando tengan los informes policiales «serán remitidos a la fiscalía y se hará la valoración jurídico-penal», según ha explicado este miércoles en declaraciones a la Cadena SER. Aguilar ha condenado que «una persona que esta siendo portavoz, con un inmenso dolor porque acababan de asesinar a un familiar menor, que hace un llamamiento a no criminalizar a ninguna etnia ni raza, y aprovechar ese momento para atacar a esa persona,.. eso no tiene palabras».

Aguilar ha señalado que estos mensajes, a menudo dirigidos contra colectivos vulnerables como migrantes o menores no acompañados, pueden incitar al odio y la violencia «de una forma coral, desde diferentes ámbitos; hay una estrategia de criminalizar». La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, también ha señalado estas conductas y condenado los «ataques» a la familia de los «sembradores de odio» en las redes sociales.

De ahí que el fiscal haya propuesto una reforma del Código Penal que «valore que las personas que actúan en redes sociales estén debidamente identificadas y que sobre todo cuando lo requiere la autoridad judicial se facilite su identidad». «Si cojo un coche o una moto, estoy plenamente identificado (...) Muchas veces nos encontramos con que la investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor», ha reiterado.

También propone el fiscal que los condenados por delitos de odio estén obligados «a alejarse de las redes sociales durante un tiempo». «Con los instrumentos que tenemos ahora podemos trabajar, pero precisaremos algunos perfeccionamientos técnicos. Por ejemplo que se pueda acordar la prohibición de acudir a entornos digitales (...) La prohibición a personas que se han servido de internet o de redes sociales para la comisión de un delito, de que puedan acceder al medio a través del que han cometido el delito».

Sin embargo, Aguilar ha reconocido que la lucha contra el odio no puede limitarse a la acción penal y se ha mostrado partidario de «desarrollar estrategias educativas y preventivas» para combatir los prejuicios y la discriminación. En este sentido el fiscal ha destacado la importancia de la colaboración entre diferentes instituciones y agentes sociales para construir una sociedad más tolerante y respetuosa.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha lamentado también este miércoles los bulos y las campañas de desinformación que se han vertido en las redes sociales tras el suceso de Mocejón. Unas campañas de desinformación que evidencian que desde el Gobierno de España «se deben de perseguir» unas acciones que «solo generan odio» y con el objetivo claro de preservar unos pilares fundamentales como la «verdad y el derecho a la información veraz», ha señalado.

«Hay quienes han utilizado estas desgracias de manera torticera para crear odio, para generar xenofobia y racismo», ha criticado la ministra. Asimismo, ha defendido y valorado positivamente que la Fiscalía vaya a investigar los mensajes de odio y las informaciones falsas difundidas en redes sociales tras este crimen.

«Los delitos se deben de perseguir independientemente del lugar en el que se hayan cometido y el formato», ha apuntado, al tiempo que ha rechazado «estos discursos de odio», especialmente cuando «vienen de la mano de responsables públicos».

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