La futura RGI ampliará las ayudas y dará hasta 1.425 euros al mes a las familias sin recursos

«Proteger mejor a quienes peor lo pasan». Bajo esta premisa, la futura Ley de Garantía de Ingresos de Euskadi, que se prevé aprobar «a finales de este año», reforzará la protección a pensionistas y a familias vulnerables con hijos menores a cargo y ampliará las cuantías hasta los 1.425,75 euros en función de la composición del hogar. Según el proyecto de ley aprobado este martes en Consejo de Gobierno, la normativa contempla mejoras de hasta un 17% para pensionistas y de hasta un 40% en hogares con menores, además de eliminar el número máximo de personas beneficiarias y elevar el complemento por un segundo adulto de un 30% a un 50%. El texto también busca facilitar el acceso a esta prestación a víctimas del terrorismo, violencia de género, doméstica o trata y explotación sexual.

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, anunció este martes las principales novedades que incluye la futura ley que, entre otras cosas, integra el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Aunque el texto mantiene las líneas maestras presentadas hace un año, la próxima RGI (Renta de Garantía de Ingresos) añade estas modificaciones para atender las «numerosas» sugerencias recibidas.

Según incidió la consejera durante su comparecencia, «desde que se presentó hace un año el primer borrador, se ha tenido en todo momento las puertas y los oídos abiertos» a las sugerencias planteadas y «se han incorporado casi dos centenares de alegaciones». Así, la futura norma busca «ampliar las coberturas y mejorar las cuantías, especialmente donde hay menores, así como simplificar y agilizar la gestión» para mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes o personas con discapacidad o refugiados.

De entrar en vigor este año, según los datos facilitados por el Gobierno Vasco, una persona adulta sola pasaría de percibir 727 euros a 737,45; un adulto con un menor recibiría 1.007,84 euros (20,84 euros más); en el caso de dos personas adultas con un menor pasaría de 1.033 a 1.130,75 euros. La mayor mejoría sería para una unidad de dos personas adultas y tres menores, que pasarían de 1.033 euros a 1.425,72.

El texto será remitido a la Cámara vasca y se abrirá el plazo de enmiendas y una vez cumplidos con los trámites parlamentarios se prevé aprobar la nueva ley «a finales de este año». En este sentido, Mendia apeló a «una rápida tramitación» en el Parlamento. «No estamos pidiendo adhesiones ni hurtar ningún debate. Pero aquí están muchas aportaciones realizadas ya durante varios meses en la pasada legislatura. Mi departamento está volcado en tener Lanbide preparado para afrontar este nuevo reto», afirmó.

La ley prevé que el Parlamento determine la base cada año a través de los Presupuestos, pero de inicio será la misma que existe para el Ingreso Mínimo Vital. De este modo, se establecerá una cuantía base de 491,63 euros para este ejercicio frente a los 470 euros actuales. A partir de esa prestación se sumará un extra del 50% para el titular y un 50% para otro adulto, y por cada persona beneficiaria adicional, independientemente de su edad, un 30% de la cuantía base. A diferencia de la ley vigente y de la proposición de la pasada legislatura, se elimina el número máximo de personas beneficiarias «y todas suman en la misma proporción», de forma que se protege con mayor eficacia a los hogares donde hay menores. Esto hace que en casos como una familia con hijos menores se incremente entre un 9 y un 40%, según los casos.

A partir de aquí, se agregarán complementos adicionales según la situación de cada solicitante. En el caso de pensionistas, tendrán un plus del 40%, por lo que los jubilados vascos tendrán derecho a disponer de una renta máxima garantizada de 934,1 euros. Las familias con hijos menores percibirán un 30% más por cada miembro; las monoparentales, las víctimas de violencia machista o trata y las personas con discapacidad obtendrán un 25% adicional. El Gobierno Vasco apuesta por una RGI que se pueda cobrar de forma indefinida en el tiempo -la ley actual obliga a renovarla cada dos años-, lo que «exige» más controles para evitar el fraude, que pasarán a ser trimestrales y «más estrictos». Una unidad de inspección de nueva creación se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos, sin descartar la utilización de «sistemas biométricos para la identificación de las personas usuarias».

De cara a los perceptores, la futura norma pone el foco en el interés superior de los menores y se refuerza su protección en todos los supuestos: se eliminan los topes de complementos por hijo y se impide que se retire la totalidad de la prestación cuando haya incumplimiento, esto es, la unidad de convivencia no se podrá quedar sin la totalidad de la prestación si los progenitores han incurrido en alguna falta. Además, en caso de separaciones, si ambos tienen derecho a la RGI, ambos suman los complementos correspondientes por los menores y monoparentalidad. (Esto ha supuesto una definición legal sobre la monoparentalidad, que no está recogida en la legislación vasca).

Dentro de esa ampliación de la cobertura, la nueva normativa elimina un requisito que penalizaba a las mujeres especialmente, como el de hacer valer derechos económicos de carácter privado, por pagos de pensiones en separaciones. También se facilita el acceso a víctimas de violencia de género y doméstica, víctimas de trata y explotación sexual y se mantiene la prestación en caso de que la conciliación les impida atender una oferta de empleo o formación.

Para los jóvenes también hay novedades: se facilita el acceso a partir de los 18 años a todas las posibles situaciones de vulnerabilidad, ya sea por orfandad, matrimonio o hijos. A las personas con discapacidad, se les rebaja la exigencia de empadronamiento a dos años y el acceso de edad a los 18 años si tienen reconocido un 33% de discapacidad.

• Temas
• RGI (Renta de Garantía de Ingresos)
• Ayudas sociales