«La residencia o el apoyo familiar tiene que ser una opción para las personas con discapacidad física, pero no puede estar impuesto»

La mayoría tienen entre 31 y 50 años y tienen una discapacidad física que les impide realizar las tareas del día a día con normalidad, aunque también hay personas dependientes. El 66% ha participado en un estudio elaborado por Elkartu y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y han valorado «muy positivamente» el impacto de este programa en su bienestar, por lo que el departamento de Cuidados y Políticas Sociales ha apostado por seguir ampliándolo, seguir han explicado en la mañana de este jueves la diputada Maite Peña, Malcorra y la decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV, Amaia Inza.

Desde que se puso en marcha esta iniciativa en el año 2004, ha servido como apoyo a más de sesenta personas. El objetivo es «facilitar la inclusión en la comunidad, evitando el aislamiento, permitiendo su participación plena en todos los aspectos de la vida, evitando el ingreso en los servicios residenciales y facilitando los procesos de emancipación», ha explicado Peña.

Los usuarios de este servicio necesitan ayuda para vestirse, cocinar o moverse dentro de su propio hogar. Por eso, dependiendo de la situación de cada uno, reciben apoyo de hasta tres profesionales en el domicilio y prestaciones económicas que van de los 231 euros mensuales a los 3.100.

El informe acredita que el modelo de vida independiente garantiza la inclusión social de las personas con discapacidad y una salud emocional equivalente al conjunto de la población, favoreciendo el empoderamiento y la libertad de elección en los diferentes aspectos de la vida.

En cualquier caso, también recoge recomendaciones, como que de promueva el acceso a personas con niveles inferiores de ingresos, jóvenes, y personas que viven en un ámbito rural.