Los residuos radiactivos de la central nuclear de Garoña regresarán a Burgos desde Suecia tras su tratamiento

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha informado favorablemente la solicitud de la empresa Cyclife de trasladar a España desde Suecia residuos radiactivos de Santa María de Garoña (Burgos) tras haber sido tratados en el país escandinavo.

Los residuos radiactivos viajarán en 15 bidones metálicos. Se trata de residuos metálicos procedentes del procesado de grandes componentes que fueron sustituidos en la central y que Cyclife ha tratado en la instalación de su empresa en Studsvik (Suecia).

Los bultos serán transportados -previsiblemente en 15 envíos hasta marzo de 2023- contienen residuos radiactivos sólidos en lingotes metálicos embidonados, en su mayoría del procesado para la descontaminación y reducción de volumen de equipos, y grandes componentes tales como cambiadores y calentadores del sistema de purificación del reactor de Santa María de Garoña que habían sido sustituidos en la central.

Esta solicitud se presenta conforme a lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de traslados de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad.

Por otra parte, el pleno ha aprobado el informe preceptivo sobre el proyecto de Real Decreto por el que se establecen los criterios de calidad en medicina nuclear y que será remitido próximamente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

El informe ha sido redactado en aplicación del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y a las funciones encomendadas en la normativa al Consejo de Seguridad Nuclear en lo relativo a las exposiciones médicas.

Enresa solicittó hace un año al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la autorización de transferencia de titularidad y de la primera fase de desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que podría empezar en 2022, según un comunicado facilitado por esta entidad pública.

La previsión de Enresa, que calcula el coste total estimado del desmantelamiento en 468 millones de euros, es que la autorización del MITECO para esta primera etapa sea «efectiva» en 2022 y se prolongue durante tres años, una vez recibido el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como los dictámenes e informes que correspondan incluyendo la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.

La ejecución material de la primera fase del desmantelamiento incluirá la carga del combustible gastado en contenedores y su traslado al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la propia central, además del desmontaje del edificio de turbina para acondicionarlo como edificio auxiliar de desmantelamiento necesario durante la segunda fase.

Esta segunda fase precisará, a su vez, de la correspondiente autorización del MITECO, así como de un informe favorable previo del CSN, fase que, según Enresa, debería comenzar en 2025 y durar siete años.

Durante este período temporal se desmantelará el reactor, así como el resto de edificios con implicaciones radiológicas, siguiendo las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de edificios para, al final, concluir con «la restauración ambiental del emplazamiento».

A la espera de la autorización del MITECO, Enresa ha proseguido «avanzando las actividades preparatorias», como la caracterización radiológica del edificio de turbina, concluida recientemente por esta entidad y por la empresa propietaria de la central, Nuclenor, o la puesta de fuera de servicio de sistemas no necesarios para el desmantelamiento.

Los 468 millones de euros que costará el desmantelamiento total procederán del Fondo para la Financiación para actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, gestionado por la propia Enresa y que se nutre de los aportes de los titulares de las centrales nucleares en explotación.

En esta cantidad no se incluyen el coste «ya incurrido» de construcción del ATI y el de los contenedores para el combustible gastado.

La central nuclear de Santa María de Garoña, con una potencia eléctrica de 466 MW, fue inaugurada en 1971, paralizó su actividad de generación de electricidad en diciembre de 2012 y vio denegada definitivamente la renovación de su autorización de explotación en agosto de 2017.