La ITV vasca está entre las más caras y las que más suben de España en 2023

En cifras, serán 53,15 euros para los diésel, y 50,91 para los de gasolina y los híbridos. A ello hay que sumar las «tasas por anotación del resultado» en la Dirección General de Tráfico (DGT), que ahora, de momento y si no suben también, son 4,18 euros. De ese modo, Euskadi no sólo se mantiene como una de las tres autonomías más caras de España, sino como una de las que aplica subidas más intensas.

Ahora, en 2022, y según un estudio comparativo de la asociación de consumidores Facua, el País Vasco es la segunda comunidad más cara para pasar la ITV de un coche de gasolina (sólo Valencia le gana por menos de un euro) y la tercera en el caso de los diésel (lo tienen peor valencianos y madrileños, donde el mercado es libre y no hay control público). El panorama está así porque en la última subida vasca, la ahora vigente, también se aplicó íntegramente el IPC de hace un año, un 5,4%. Fue entonces la autonomía que más se encareció, junto con Navarra (que, eso sí tiene unos precios bastante más baratos) y Valencia (que llevaba años sin actualizar tarifas).

En el resto de territorios españoles se optó por no trasladar todo el IPC ante el repunte tan intenso que había experimentado; en muchos se congelaron las tasas (lo hicieron Cataluña, La Rioja, Andalucía, Asturias, Baleares y Murcia) y en Galicia incluso se rebajó la cuantía un 1,42% para compensar aunque sea mínimamente el encarecimiento de la vida.

Esta misma filosofía parece estar prendiendo ahora y comunidades como Castilla y León se están planteando de cara a 2023 desligar la actualización de precios del IPC por varios motivos. El primero, porque la inflación se calcula en base a criterios que no afectan de manera directa al coste del servicio que se presta (hablan, por ejemplo, de la subida de la gasolina), con lo que implicaría un enriquecimiento injustificado para las empresas concesionarias que se encargan de la ITV. Pero también porque «el número de inspecciones aumenta año tras año y las instalaciones y medios técnicos se encuentran amortizados», reflexiona el Gobierno castellanoleonés en un informe. Es decir, la tesis parece ser que estas firmas ya hacen suficiente negocio.

Otra autonomía vecina, Cantabria, no se basa únicamente en el IPC para la actualización de las tarifas, sino que tiene en cuenta también el número de las inspecciones realizadas. Aplicando esos criterios, en 2022 subió un 4,76%. En Navarra, por su parte, sí trasladan la inflación (al menos, de momento) aunque, como queda dicho, pasar la ITV allí cuesta un 10% menos que en Euskadi.

La subida para 2023 en el País Vasco está recogida en una resolución del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el pasado viernes, 16 de diciembre. Ahí se recuerda que es competencia del Gobierno vasco regular el asunto. ¿Por qué no se han planteado en Lakua aflojar un poco ante un IPC tan disparado, aliviar algo la lluvia de subidas que está padeciendo la población? Desde el área liderada por la consejera Arantxa Tapia explican que se viene procediendo de este modo desde «hace muchísimos años» y que una «orden de la consejera de 2019» consolidó el mecanismo que establece la inflación de octubre como elemento a tener en cuenta en la actualización.

Consultadas las empresas que prestan este servicio en Bizkaia, todas han evitado pronunciarse y se han remitido a lo que diga el Gobierno vasco, donde recuerdan que «todos los concesionarios cobran lo mismo en Euskadi» y el asunto «se lleva y se controla con rigor».

Hay que tener en cuenta que este sector mueve unos cuarenta millones de euros al año en Euskadi. El año pasado, en toda la comunidad autónoma, se realizaron 760.959 inspecciones periódicas, de las que fueron rechazadas 117.348, el 15,4%. Este año, con datos oficiales de los cinco primeros meses, hasta mayo, el porcentaje baja al 14,7%, con 49.066 suspensos en 331.977 revisiones.