La caída de la natalidad se agrava en Gipuzkoa con la peor cifra en medio siglo

Gipuzkoa se enfrenta de lleno a la crisis de la natalidad, uno de los retos sociales más acuciantes y que se despliega sobre múltiples vértices, de ahí su complejidad. La crisis demográfica, que viene de lejos, se ha agudizado con la pandemia del coronavirus y todavía no parece tocar fin, con cada vez menos nacimientos y un envejecimiento que mejora la esperanza de vida, pero que también exige abordar debates sobre cómo se financiarán esos cuidados y cómo se hará frente a un cada vez mayor gasto en pensiones.

En este contexto, buscar una fórmula para mantener en el futuro la calidad de vida actual y una cohesión social que facilite la convivencia entre diferentes generaciones se ha convertido ya en una urgencia. Para ello, resulta imprescindible reflexionar sobre las ayudas públicas actuales, así como el empleo, la falta de mano de obra o las pensiones, sin quitar el ojo al cambio de modelo de atención a las personas mayores, tanto en las residencias como en sus propios hogares. Más del 80% de este colectivo quiere envejecer en su casa y retrasar su ingreso en un centro hasta que ya no quede otra alternativa. Pensar en los mayores y en su cuidado es, en definitiva, pensar en nuestro futuro.

Que la sociedad guipuzcoana es una sociedad cada vez más envejecida no es ningún secreto. Tampoco una novedad. Los alumbramientos llevan cerca de una década en continuo descenso, pero los últimos datos son aún más alarmantes si caben. El último año, Euskadi registró la peor cifra de nacimientos en casi medio siglo. Los alumbramientos bajaron un 3,3% en el País Vasco, donde nacieron un total de 14.257 bebés. Es la cifra de nacimientos más baja de la serie histórica del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), que se remonta hasta 1975, cuando se produjeron 39.646 alumbramientos. En Gipuzkoa la caída fue algo menor, pero muy cercana al 2%, lo que muestra que el reto demográfico no afloja. Más bien al contrario, cada vez es mayor.

Los datos reflejan una pérdida de dos de cada tres nacimientos en apenas cinco décadas. Los jóvenes cada vez tienen menos hijos. ¿Los motivos? Económicos y laborales, además de las dificultades de conciliación con las que se encuentran muchas mujeres y hombres en pleno año 2022. Así lo desprende el último informe sobre reto demográfico del Gobierno Vasco, que vuelve a poner la atención en este desafío cada vez más presente en la vida de los vascos, a quienes a pesar de que, por lo general, les gustaría tener 2,2 hijos de medio solo tienen 1,28. Solo el 10% de la población vasca no quiere tener descendientes. Esto demuestra que las ganas de tener familia de muchas personas no han mermado, pero se ven condicionadas por problemas económicos, que han aumentado tras la crisis de la pandemia, así como por la conciliación laboral y familiar y motivos sanitarios como la falta de fertilidad.

El Gobierno Vasco, junto a las diputaciones, se ha marcado como objetivo crear una red de apoyo a las familias para, en cierto modo, cambiar esa tendencia de brusca caída de la natalidad. Reflexionar sobre las políticas familiares así como reforzar las ayudas públicas es una de las vías a seguir para reactivar los alumbramientos, aunque los campos a trabajar van más allá y pasan por un conjunto de medidas, con la vista puesta en países vecinos como Francia, más avanzados en esta materia. Entre los últimos cambios anunciados por el Ejecutivo autonómico está la nueva ayuda de 200 euros al mes por hijo hasta los 3 años. Alrededor de 43.000 familias vascas se beneficiarán de esta prestación a partir del 1 de enero del próximo año y en caso de retrasarse su activación tendrá carácter retroactivo desde esa fecha. Así, se cobrarán 2.400 euros al año o 7.200 en tres años. No será necesario que el bebé haya nacido eses mismo año. Esto es, la ayuda será aplicable a los niños que hayan nacido antes, pero sin efecto retroactivo antes del 1 de enero. A partir de esa fecha podrán sumarse todos los menores hasta que cumplan los 3 años.

No obstante, aunque Euskadi haya ampliado la cuantía mensual para las familias con hijos pequeños, por ahora ha descartado tocar las deducciones por hijo, como recogía el Pacto Vasco por la Infancia y las asociaciones que trabajan contra la pobreza infantil llevan tiempo demandando. Save The Children, Unicef y la Plataforma de Organizaciones de Infancia han propuesto en repetidas ocasiones una reforma del sistema de prestaciones y deducciones fiscales a la infancia y a las familias, en la que se establezca una ayuda universal a la crianza basada en una deducción fiscal reembolsable. Hasta la fecha, el Gobierno Vasco y las diputaciones no han llegado a un acuerdo respecto este tema, aunque Euskadi sigue ampliando sus ayudas para la conciliación de diferentes formas. Hace unas semanas, por ejemplo, recuperó la subvención a familias para contratar a cuidadores de hijos, que se vinculará a la renta. Durante la pandemia esta ayuda se amplió de los 3 a los 14 años y ahora el Gobierno Vasco la va a aplicar de forma permanente, según se lee en un proyecto de decreto que el propio Ejecutivo ha remitido al Parlamento.

Los jóvenes lo tienen claro. «Si los sueldos no suben, te obligan a irte fuera», dicen. Y entonces se genera una falta de mano de obra en Gipuzkoa y Euskadi difícil de paliar. Esas condiciones laborales, muchas veces precarias, derivan en una fuga de talentos que hay que intentar cortar mejorando la productividad laboral, entre otras cosas. La solución pasa así por generar más y mejores empleos, según los expertos, tanto para los más jóvenes como para los que están en su última etapa laboral, las mujeres y los inmigrantes. Precisamente la integración de este último colectivo es clave para impulsar el sector laboral en un momento en el que parece que se da una infrautilización del capital y de la capacidad humana.

La crisis de la natalidad no solo hace que haya menos mano de obra, también que cada vez haya más mayores que exijan pensiones más importantes para ver asegurado su futuro. En este contexto, desde el Instituto de Actuarios Españoles (IAE) advirtieron ayer mismo que la subida de las pensiones con el IPC «amenaza la sostenibilidad del sistema a 20-30 años» y pidió que esta medida y sus efectos, incluida en la reforma de las pensiones, se explique a la ciudadanía. Aunque la reforma de Escrivá incide en reforzar la suficiencia de las pensiones, el Instituto considera que «retrocede» en fortalecer la sostenibilidad del sistema.

Con la natalidad a la baja y el número de mayores al alza, Gipuzkoa está inmersa en un cambio de modelo de cuidados de los mayores. Hace tiempo que desde el departamento de Políticas Sociales trabajan para prestar una atención más personalizada a los usuarios de las residencias, avanzando hacia el modelo de Atención Centrada en las Personas (ACP) o, lo que es lo mismo, adaptar los cuidados a cada mayor, respondiendo a sus necesidades de forma individual. Antes de terminar 2023, la Diputación quiere implantar este nuevo modelo en, al menos, 25 de los 65 de mayores que hay en el territorio. Para ello se van a destinar 20 millones de euros. ¿Pero en qué consiste exactamente este cambio? Quienes ingresen en un centro de mayores deberán sentirse como en casa, con todo lo que eso supone. Unidades convivenciales de quince personas, mayoría de habitaciones individuales, espacios diáfanos sin pasillos, atención personalizada e innovación son las claves de este proyecto, que se verá reflejado a final de año en la nueva residencia de Matia en Usurbil. Es el primer recurso que nace desde el principio bajo esta premisa. Adinberri, en Pasaia, será otro de los centros que trabajen con el modelo ACP.

El avance en la ciencia y en la atención sanitaria se ven reflejados en la mayor calidad de vida de las personas, que cada vez viven más años. De ahí que sea necesario sacar a debate público cómo queremos cuidar y ser cuidados. Más de ocho de cada diez guipuzcoanos quieren alargar su estancia en casa mientras sea posible, antes de ingresar en una residencia –la edad media de quienes causan alta en estos centros es de 85,15 años y de 87,9 de quienes causan baja, normalmente por fallecimiento–. Precisamente por eso, reformar la atención domiciliaria es otro de los retos a los que se enfrenta el territorio en la actualidad, tanto para las personas dependientes como para aquellas que no necesitan tanta ayuda externa.