![La expresidenta del GHK dice que «volvería a parar la incineradora»](https://s2.ppllstatics.com/diariovasco/www/multimedia/201804/12/media/cortadas/paralizacion-incineradora-usoz-k0tG-U501592354165hZF-624x385@Diario%20Vasco.jpg)
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Jueves, 12 de abril 2018, 13:58
La expresidenta del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), Ainhoa Intxaurrandieta, ha asegurado que afrontan el juicio por su decisión de parar el proyecto de la incineradora en 2013, cuya vista se ha celebrado hoy, «con mucha fuerza, positivos y orgullosos», y ha incidido en que lo volverían a paralizar porque «era la única solución posible» ante una infraestructura «que estaba sobredimensionada, que generaba ya grandes pérdidas antes de empezar a construirla y era deficitaria de por sí y no había otra opción que rescindir el contrato»
Tanto la ex presidenta del Consorcio de Residuos como Errazkin se exponen a sanciones de más de 40 millones de euros. Fue el propio GHK, con el Gobierno foral de PNV y PSE, el que presentó la demanda ante este tribunal. La cantidad que se les reclama se basa en lo que costó indemnizar a la empresa que estaba construyendo la incineradora cuando dieron la orden de paralizar la obra, además de otros perjuicios económicos que acarreó esa decisión.
En declaraciones a Radio Euskadi, anteriores a la vista celebrada en el Tribunal de Cuentas de Madrid y recogidas por Europa Press, Intxaurrandieta ha recordado que, evidentemente, cuando decidieron rescindir el contrato con la UTE que iba a construir la incineradora de Zubieta «era la única decisión posible».
En esa línea, respecto a los más de 40 millones de sanción que reclama la demanda, ha explicado que a la UTE se pagaron 8,2 millones de euros, «el mínimo que la ley obligaba». «Lo demás ya es un producto financiero que contrataron la anterior legislatura y que había que pagar se construyera o no la incineradora», ha añadido.
La ex dirigente de GHK ha afirmado que tanto ella como Errazkin afrontan este juicio «con mucha fuerza, positivos» porque, según ha asegurado, «sabemos que hicimos bien», y ha insistido en que seguir adelante con el proyecto de la incineradora «era hipotecar el futuro de Gipuzkoa económicamente hablando porque era una infraestructura que ya de por si traía unas pérdidas de 10 millones de euros anuales por el déficit de residuos que había».
«Somos positivos porque sabemos que hemos ahorrado muchos millones de euros de pérdida a Gipuzkoa y estamos orgullosos de lo que hicimos porque creemos que cuando llegas a ciertos cupos de responsabilidad tienes que actuar, que gestionar por el bien de la ciudadanía y de la economía y no por el bien de empresas o bancos», ha manifestado.
En esa línea, se ha mostrado convencida de que «el tiempo está dando la razón» a Bildu y se ha referido al proyecto actual de Zubieta, en el que «la incineradora es mucho menor a la que tenían proyectada antes, por lo tanto nos está dando la razón de que estaba sobredimensionada». «Creo que con el tiempo cada uno se pondrá en su sitio y nos dará la razón», ha reiterado. Finalmente, Ainhoa Intxaurrandienta ha considerado que se trata de un «juicio político» porque «todas las decisiones que tomamos cumplimos la ley a rajatabla en todos los sentidos».
Por su parte LAB ha dicho en un comunicado que el caso es «extremadamente grave» porque «la salud de los ciudadanos está en juego». «Quieren castigar a Intxaurrandieta y Errazkin por paralizar una infraestructura dañina tanto económicamente como en términos de salud. Defendieron el interés general de la ciudadanía ante las mafias que se dedican a desviar el dinero público a manos privadas y lo hicieron para proteger la salud de los guipuzcoanos», ha insistido.
Por su parte, el actual diputado de Medio Ambiente, el socialista José Ignacio Asensio, ha lamentado que Gipuzkoa «todavía está pagando las consecuencias» de la gestión de residuos del Gobierno foral y ha lamentado que «los daños económicos han sido cuantiosos». «Estamos hablando de 40 millones de euros y en democracia toca fiscalizar y dirimir responsabilidades», ha afirmado.
Asensio ha criticado que la coalición soberanista no haya acatado el mandato de las Juntas Generales de Gipuzkoa. «Alguien se imagina que el Gobierno Vasco tome decisiones en contra del Parlamento Vasco? Creo que a nadie se nos pasa por la cabeza y es lo que sucedió en Gipuzkoa», ha destacado.
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