Kote Cabezudo y el violador en serie piden al Supremo rebajar sus penas con la ley del 'sí es sí'

En el caso del conocido fotógrafo, tras años de instrucción el juicio contra él se celebró el pasado mes de marzo. Las penas que se pedían para Cabezudo eran muy abultadas: la Fiscalía de Gipuzkoa las elevó a 250 años, mientras que la acusación particuar pedía más de 2.000. Tras casi un mes de sesiones, la Audiencia de Gipuzkoa le condenó a 28 años y dos meses de prisión por diez de los 227 delitos de los que estaba acusado.

La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo (TS) tanto por la acusación particular que representa a las víctimas, todas ellas modelos que posaron para el fotógrafo donostiarra en su estudio, como por la defensa de Cabezudo, que solicitaba la absolución. El Supremo ha admitido a trámite todos los recursos (trece de la acusación, uno por cada víctima, y el de la defensa) y se reunirá el próximo 23 de febrero para analizarlos y redactar su posterior fallo respecto de los mismos.

Eso exige por tanto una revisión de la condena que se va a producir en un escenario legal distinto al que existía cuando se dictó. Por ello, el Supremo ha remitido de oficio una comunicación a las partes en las que les otorga un plazo de cinco días, a contar desde el jueves, para que presenten un escrito de alegación respecto a la posible aplicación de la nueva ley de Garantías de la Libertad Sexual. Cabe recordar que en base al artículo 2.2 del Código Penal, en caso de que existan dos normativas respecto de un mismo delito, siempre se aplicará la que resulte más favorable al reo.

En este caso, la defensa de Cabezudo, formada por los letrados Eneko Olano y Javier Sánchez, entiende que la ley del 'solo sí es sí' puede rebajar algunos años la pena de prisión del fotógrafo, y por ello ya trabaja en el escrito de alegación que presentará ante el Supremo. Aunque Cabezudo ha sido condenado a 28 años de prisión, en la práctica solo puede cumplir 20, el máximo legal establecido. El retratista ingresó en Martutene en 2018 y desde entonces permanece preso en situación provisional, hasta que la sentencia sea firme.

En el caso del violador en serie, G. G. C., su defensa ha recurrido al Alto Tribunal por la condena por la violación a una joven en Beasain en 2019, por la que se le impusieron 12 años de prisión tras la rebaja del TSJPV. Por el momento el Supremo no ha decidido si admite el recurso, si bien sí ha solicitado a las partes que se pronuncien acerca de una posible aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

La defensa así lo ha solicitado, si bien la acusación particular y la Fiscalía se han opuesto. Ambas consideran que en este caso no cabe remitirse a dicha ley, ya que en la misma se incluye el uso de sumisión química, lo cual no se contemplaba en la anterior norma. La víctima de Beasain fue sometida mediante el uso de cloroformo, por tanto, en su caso la nueva norma supondría una agravación de la pena, lo cual no se permite, ya que la revisión de condenas solo se aplica si favorece al reo. El violador en serie tiene otra condena de 9 años de cárcel por la violación de una mujer en Lasarte-Oria y tiene pendiente conocer la sentencia por tres agresiones cometidas en Tolosaldea.

El Alto Tribunal ya advirtió en otro caso sonado como el de los jugadores de la Arandina que es «obligatorio» revisar penas con la ley del 'sí es sí' cuando sea más favorable para el condenado. En ese caso impuso 9 años de prisión a cada jugador, que hubiesen sido 10 con la anterior normativa. Habrá que esperar para saber si consideran que en el caso de Cabezudo también cabe modificar las penas en su beneficio y si decide revisar el fallo por la violación de Beasain. Eso sí, la revisión solo cabe en los delitos que ha modificado la nueva normativa, relacionados con la libertad sexual de las personas, ya que Kote fue condenado por un delito de violación, otro de abusos sexuales, seis de pornografía infantil y dos de estafa.

Ambos se suman así a la lista de agresores sexuales condenados que recurren sus fallos a la sentencia para reducir sus penas en aplicación de la ley que entró en vigor el pasado mes de octubre y que ha generado una gran polémica y un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el sector de Podemos del Gobierno central, encabezado por la ministra de Igualdad, Irene Montero.