La gratuidad de los colegios concertados exige 1.600 euros más por alumno y curso

Un informe interno del Departamento de Educación, al que ha tenido acceso este periódico, cifra en 288 millones el «sobrecoste» anual que implicaría la financiación completa de los centros concertados. Según los cálculos de la Dirección de Gestión Económica de la cartera dirigida por Jokin Bildarratz, el Gobierno Vasco debería inyectarles una cantidad extra de 1.600 euros por alumno y curso para compensar la cantidad que actualmente perciben estos colegios en concepto de cuotas.

En puridad, tanto la Ley de Educación como los decretos sobre conciertos ya establecen que los fondos asignados por la Administración obligan al centro de titularidad privada a «impartir de forma totalmente gratuita las enseñanzas». En cambio, en la práctica se suelen cobrar cantidades bajo denominaciones tales como «actividades complementarias», «aportaciones», «proyectos de centro» e incluso «donaciones». Un estudio de la agencia Garlic B2B reveló que el 100% de los 40 colegios concertados vascos analizados cobraba algún tipo de cuota, que va desde los 15 a los 177 euros al mes.

La desaparición completa de dichas aportaciones, tal y como pretende el acuerdo que se aprobará en las próximas semanas en el Parlamento Vasco, supondrá por tanto un sustancial incremento de casi el 42% en la financiación pública de la red concertada. En datos absolutos, consistiría en pasar de los 691 millones de euros aportados este curso (casi una cuarta parte de todo el presupuesto del Departamento de Educación) hasta los 979. Es más dinero, por ejemplo, del que se destina este año a todo el Departamento de Empleo y Trabajo. El citado informe de Lakua, en cambio, no desgrana de dónde saldría dicha cantidad extra.

La literalidad del texto presentado en el Legislativo, en todo caso, encierra varias incógnitas que preocupan a los centros concertados. Las principales patronales –Kristau Eskola e Ikastolen Elkartea– han evitado por ahora pronunciarse sobre el borrador, pero directores de colegios consultados por este periódico expresan su «incertidumbre» ante el nuevo modelo. Y es que el documento incorpora, además, una figura nueva y desconocida en el ámbito educativo: el contrato-programa. Este instrumento, utilizado en otros servicios públicos como el sanitario, serviría para asignar los recursos en función del cumplimiento de un plan estratégico.

Las dudas en las direcciones de los centros se sintetizan en dos preguntas. La primera, ¿se financiará el 100% de los gastos del colegio? «En un instituto público, las inversiones dependen del Gobierno Vasco y las infraestructuras, de los ayuntamientos. ¿A nosotros nos va a pagar la Administración toda la reforma de un edificio? No lo creo, entonces a ver cómo lo pagamos», reflexiona el responsable de una ikastola. Y la segunda, ¿a cambio de qué se va a asegurar esa financiación? «Nosotros ya cumplimos una serie de objetivos contra la segregación y la exclusión social. ¿Ahora se van a tener que elevar para que nos compensen la supresión de las cuotas?», se pregunta el director de un centro religioso.

Otros agentes vinculados a la comunidad educativa también han declinado realizar valoraciones, ayer era el día «de analizar con profundidad el texto». Desde Ehige, la confederación de asociaciones de padres y madres (AMPAS) de los centros públicos, denuncian que el acuerdo «apuesta por blindar el sistema dual en vez de construir un sistema educativo basado en la escuela pública» y critica a través de un comunicado que «lejos de abordar el problema de la segregación escolar, esta propuesta refuerza el sistema dual mejorando la financiación de la red privada».

Entre los sindicatos, Steilas lamenta «la falta de valentía» del texto y censura que continua siendo «un pacto privatizador» ya que mantiene «la titularidad público-privada que existe actualmente». Y añade que «se pierde» la oportunidad de que «la escuela pública vasca sea referencial». Comisiones Obreras (CC OO Irakaskuntza) califica el borrador como «una gran decepción», teme que la pretensión «del Gobierno Vasco y el principal partido de la oposición no sea otra que perpetuar un sistema educativo dual». Además, apunta que el texto «se aparta intencionadamente» de poner a la red pública «como eje principal del sistema educativo».

El borrador del pacto educativo está ahora en fase de análisis por parte de los grupos y abierto al debate. Tienen diez días para presentar sus propuestas. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, afirmó ayer que esperaba poder llevar un texto sobre el que trabajar en el Parlamento para el mes de octubre. Tras debatir los aspectos de la norma, «si todo va bien» espera «tener una nueva Ley de Educación para la primavera de 2023».