«El problema de Irun es que la ley francesa omite garantías básicas para el migrante»

El pacto bilateral de readmisión. España y Francia tienen suscrito desde 2002 un 'acuerdo de readmisión' por el que pueden transferirse «sin formalidad alguna, a toda persona que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de entrada o de estancia» en el país, como es el caso de los migrantes sin papeles. El llamado 'acuerdo de Málaga' nació con la idea de simplificar los trámites burocráticos y las actuaciones policiales, pero en la práctica ha servido para legitimar las llamadas devoluciones en caliente. En opinión de Barbero, este pacto constituye en sí mismo «una vulneración del derecho de los migrantes a un proceso debido», esto es, un procedimiento regulado en el que el migrante tenga derecho a un abogado, intérprete, o cualquier tipo de asistencia que le permita explicar su situación, defenderse, solicitar asilo, etc., antes de ser expulsado.

Una ley antiterrorista más dura. Tras los atentados yihadistas de París de 2015, Francia endureció su ley antiterrorista y de seguridad interior, trasladando desde 2017 a la normativa ordinaria preceptos del estado de emergencia. Ello faculta a París a establecer controles fronterizos más rigurosos, cierres de algunos pasos, como sucedió en enero con 8 mugas menores en Euskadi y Navarra, y controles aleatorios de identificación no solo en los límites del país, sino también en el interior. Tras la ola de atentados registrados en otoño pasado, Francia está de nuevo en estado de alerta, y el presidente Macron se comprometió a reforzar las fronteras arguyendo que «los actos terroristas pueden ser llevados a cabo por personas que utilizan las corrientes migratorias», y a solicitar una reforma «en profundidad» del espacio Schengen. Una apuesta inequívoca por el endurecimiento de los controles de entrada al país que en el caso de Irun y Hendaia se ha traducido en controles policiales permanentes en las mugas desde noviembre. Una presencia y un celo que dificultan el tránsito de un país a otro por las vías convencionales, que lleva a los migrantes a recurrir a vías más peligrosas como el río o los montes, y que «acaba ocasionando muertes».

Cuando todo es frontera. Uno de los puntos más polémicos de la última ley es el que extiende la posibilidad de realizar controles de identidad en las cercanías de estaciones y aeropuertos. Hasta la reforma, estos se ceñían a las fronteras, a un perímetro de 20 kilómetros de estas, y a estaciones y aeropuertos. Ahora se pueden dar también a un radio de 20 kilómetros alrededor de estaciones y aeropuertos. Barbero explica que, en la práctica, «si todo lo que está a 20 kilómetros de una estación o aeropuerto tiene la consideración de frontera, se puede decir que casi cualquier punto de Francia es una frontera».

El investigador lo denomina el 'concepto de frontera total'. En su opinión, este precepto es «una perversión de la propia normativa francesa, que considera que una persona no ha entrado en el país y puede ser expulsada aunque lleve horas dentro y esté a centenares de kilómetros de los límites geográficos del país». Ejemplo de esta situación es que «se han llegado a producir en Irun devoluciones de personas desde Pau o Burdeos».

No es ilegal, pero... La conclusión es que, en principio, Francia no comete ilegalidades al impedir el acceso de migrantes procedentes de Irun o al devolverlos si son detectados dentro del país. Los acuerdos con España y sus propias leyes nacionales le amparan. En opinión de Barbero, no obstante, el país vecino está inmerso en una «deriva limitadora de derechos» que, en lo que afecta a los migrantes, «va en contra de todos los principios europeos que hablan de libre circulación de personas, no devoluciones y derecho a procesos justos». «Es la propia normativa francesa la que no observa procedimientos básicos ni garantías fundamentales propias de los procesos migratorios», denuncia. Añade que ante esta situación, la Unión Europea, «lejos de defender los derechos de los migrantes, opta por la vía contraria, la de abogar por un mayor control fronterizo, tanto en los bordes exteriores, como vemos con Marruecos, como internamente como se puede comprobar en Irun».